En la carta se destaca que esta labor constituye un pilar fundamental de un sistema penitenciario moderno, orientado no solo al control y la seguridad, sino también a la reducción de la reincidencia delictual y al fortalecimiento de la seguridad pública en el largo plazo.

Asimismo, la misiva expresa la profunda preocupación de los funcionarios civiles frente a la reforma constitucional actualmente en discusión, particularmente respecto de la propuesta de trasladar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad Pública. Se señala que esta medida genera incertidumbre sobre el futuro institucional y laboral de cerca de 4.800 funcionarios civiles que han dedicado su labor al desarrollo de políticas de reinserción social.

Finalmente, se plantea que el país requiere avanzar hacia un fortalecimiento real del sistema penitenciario, capaz de enfrentar los desafíos de seguridad pública y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y reinserción social. En ese sentido, se manifiesta la disposición de los trabajadores penitenciarios a aportar su experiencia y conocimiento en las reformas necesarias, destacando la importancia de un reordenamiento institucional construido con diálogo, respaldo técnico y la participación del mundo académico y de los actores vinculados al sistema penitenciario chileno.