Tal como lo definiera la Mesa del Sector Público, la paralización se debe al incumplimiento del gobierno en lo relacionado al protocolo de acuerdo firmado el año pasado. Según define la ANEF, “El origen del conflicto se encuentra en la movilización que protagonizaron los mismos trabajadores del Sector Público en 2014, en demanda por beneficios que fuesen a paliar los efectos del elevado costo de la vida en la zona, generados por los altos sueldos de la industria minera.
Según indican desde de la ANEF de Atacama la vida en esa zona es cara para todo quien no tenga sueldo de mineras. Los arriendos, el agua envasada y los servicios básicos son de costo muy elevado. Además al no haber especialistas en el servicio de salud, todas las enfermedades serias deben tratarse en Santiago, a lo que debe sumarse los traslados y otros gastos que son muy difíciles de solventar para quienes trabajan en los servicios públicos de la región.
El protocolo de acuerdo de 2014, estableció que los beneficios acordados en el llamado "Bono Atacama", serían calculados utilizando un estudio a realizar por el INE, organismo que informó que, pese a la evidente súper inflación de la zona, los costos de la llamada "canasta básica de gastos" no superaban el promedio nacional”.
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