SESIÓN DEL DIRECTORIO NACIONAL CON DIRECTIVA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE Destacado

El Directorio Nacional de ADIPTGEN realizó una reunión telemática con la directiva regional de Arica y Parinacota. Esta sesión fue solicitada por los dirigentes regionales con el objeto de informar y plantear las principales problemáticas que afectan a la organización de esa región y, especialmente, algunos y algunas asociadas.

A continuación, se informa a ustedes, por medio de un breve resumen, los principales temas abordados. El Presidente Regional de Arica, Miguel Pérez Díaz, informa que durante el último trimestre del presente año, debería llevarse a cabo el proceso de renovación de la mesa directiva regional, para lo cual solicita se les considere como región, en los procesos de cotización y evaluación de la eventual contratación de un proceso de votación electrónica, que podría llevarse a cabo en conjunto con otras regiones que están en igual situación.

En segundo lugar, el mismo dirigente regional señala que desde el año 2018 han solicitado la realización de cambios de estamentos de socios y socias de esa región que han cumplido con los requisitos para ello, sin que a la fecha hayan tenido respuesta alguna. La Presidenta Nacional informa que éste, ha sido uno de los temas abordados en las últimas reuniones con el Director Nacional del Servicio y que las respuestas han sido negativas, dado que recurrentemente se señala que es necesario contar con la autorización de la Dirección de Presupuesto, que alteraría los procesos concursales prontos a ejecutarse, entre otras.

En el mismo ámbito, los dirigentes de Arica informan la falta de reposición del cargo de un asociado, lamentablemente fallecido a mediados de año, lo mismo que la ausencia de concursabilidad de los cargos de Jefe/a Técnico/a Regional y Jefe/a Administrativo/a Regional (aunque esa región no tenga creados esos cargos para concurso vía tercer nivel jerárquico), ya que hasta la fecha se han proveído de manera absolutamente arbitraria por parte de las distintas autoridades que han encabezado el Servicio, siendo imprescindible que, por una parte, se regule la ocupación de esos cargos y, seguidamente, se establezca la posibilidad de que aquel o aquella más habilitado/a sea quien ocupe alguna de esas funciones, pero por medio de un concurso interno de oposición.

Se agrega que la jefatura administrativa regional, hasta hace poco era ocupada por un funcionario de planta del Ministerio de Justicia, a quien no se le renovó la designación, encontrándose vacante el cargo hasta este momento. En ambas situaciones, la problemática es la misma: la falta de medidas para proveer los cargos y, en caso de hacerlo, se efectúa por medios arbitrarios. Otra problemática informada por esa región, es lo relativo al convenio suscrito entre Genchi y la Defensoría Penal, que tiene una versión regional y que ha provocado graves problemas por la exposición que se hace de los informes que elaboran nuestros profesionales y que son mal utilizados en las audiencias que genera la defensoría Penal Penitenciaria, provocándose una exposición peligrosa y un cuestionamiento impropio a la labor de los profesionales que deben pronunciarse por medio de los informes psicosociales de la población penal, generándose evidentes riesgos para la seguridad de nuestros asociados y asociadas.

La solicitud de los dirigentes está orientada a que pueda revisarse el contenido y alcance de dicho convenio, en su versión nacional. Se plantea, también el caso de asociado con calidad jurídica de planta, quien no se encuentra adscrito al régimen previsional de DIPRECA y cuyo caso está en tramitación en la Contraloría General de la República, pero aún sin resolver, por lo que se solicita la intervención de la directiva nacional para lograr una resolución del caso. Otro caso abordado es el de una asociada que fue objeto de un asalto, luego de efectuar un giro de recursos monetarios, pertenecientes a la unidad en que se desempeña, y que le provocó lesiones y hospitalización.

Todo esto ocurrido a escasos metros de la unidad de desempeño, sin que nadie interviniera en su defensa. Se instruyó sumario administrativo y la funcionaria, pese a tener la calidad de víctima de un hecho delictual, fue objeto de la aplicación de una sanción disciplinaria, junto a otros funcionarios, por lo que ésta ha solicitado la intervención de ADIPTGEN, para revertir la, a todas luces, injusta intervención del Servicio.

Es planteada la situación que afecta al personal adscrito a DIPRECA, en cuanto a la imposibilidad de que se emitan licencia médicas electrónicas para estos. Se hace referencia a un correo emanado del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, de mayo pasado y que ofrecería una posible alternativa, pero que no se estaría implementando, por lo que se solicita apoyo para intentar resolver esta problemática.

Como viene siendo recurrente, se plantea la grave situación de sobrecarga laboral que afecta al subsistema post-penitenciario, en lo que a la gestión de los CAIS se refiere, atendido que se han superado con largueza los casos que le corresponde atender a los delegados de libertad condicional contratados el año recién pasado, remarcándose la miseria de los recursos que por parte del gobierno y del Estado se entregaron para la implementación de la normativa pertinente. Al respecto, se efectúa un largo análisis sobre los defectos evidentes que se aprecian en la implementación de este sistema, sin que a la fecha el Servicio tenga capacidad de elevar a las autoridades gubernamentales pertinentes la exigencia de una solución de fondo a la problemática. Entre otras medidas a ejecutar, se coordinará una reunión con el Subdepartamento Post-Penitenciario a la que se invitará a los dirigentes regionales de Arica, con el objeto de abordar esta situación. Es todo lo que informamos a todas nuestras directivas regionales y las y los asociados del país.

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