Que somos la entidad gremial que representa a 2.700 Trabajadores Penitenciarios No Uniformados del Servicio, de un universo total aproximado de 4.613 funcionarias/os que conforman dicho estamento.
Que nuestro estamento desarrolla, por encomendación del Estado, y desde los ámbitos operativo, administrativo técnico y profesional, las complejas labores de la reinserción social, contribuyendo así -y de manera significativa- con la seguridad ciudadana de nuestras/os compatriotas.
Que trabajamos en los 3 subsistemas en que se divide operativamente Gendarmería de Chile, para un total de 148.537 personas que atiende: sistema cerrado, es decir, las cárceles propiamente tales, que cuentan con una población penitenciaria, a junio de 2024, de 58.076 personas (de las cuales 35.575 corresponden a condenados y 20.856 a imputados, entre otras); sistema abierto, con 40 Centros de Reinserción Social, que atienden a una población de 69.287 personas que cumplen penas sustitutivas y, finalmente, el sistema post penitenciario; 20 Centros de Apoyo para la Integración social, con población de 20.630 personas. A ello se agregan los 20 Centros de Educación y Trabajo, que atienden a 589 personas.
Que estas labores, que se desarrollan cotidianamente con gran sentido del deber y vocación de servicio público, se dan en un contexto absolutamente desmejorado –y que solo ha venido empeorando en los últimos años-, desde la perspectiva de los medios y condiciones con los cuales ejercemos nuestras funciones.
Que, a modo de ejemplo, baste señalar que para la población condenada en las cárceles, que hace un total de 35.575 penados, contamos apenas con 136 gestores de casos (profesionales de intervención directa), lo que arroja un promedio de 261 condenados por profesional. En el sistema abierto, y para el caso de las medidas de Libertad Vigilada y Libertad Vigilada Intensiva, contamos con un total de 487 profesionales, que sostienen estándares de intervención de más de 50 condenados cada uno, en circunstancias que, lo aconsejable, de acuerdo del nivel de riesgo de los condenados, los estándares debiesen rondar entre 30 y 35 personas por profesional.
ADIPTGEN ha denunciado en los últimos años, de manera sistemática, en todas las instancias posibles y ante distintos gobiernos, esta verdadera crisis estructural que en materia de recursos humanos enfrenta Gendarmería de Chile, cuyas/os funcionarias/os, especialmente quienes no usamos uniforme, nos sentimos abandonados por el Estado y lamentamos la intencionada invisibilización de la función estratégica e irreemplazable que realizamos para disminuir los índices de reincidencia delictual en Chile de todas/os aquellas/os penadas/os que cumplen sus condenas, tanto en reclusión como en libertad (penas sustitutivas), tal como lo disponen los tribunales del país.
Hemos solicitado, demandamos y seguiremos exigiendo mejores condiciones laborales para nuestras/os trabajadoras/es; requerimos con urgencia una Política Penitenciaria de Estado, que, sustentada en el respeto a los derechos humanos, releve las labores de la reinserción social, provea permanentemente de recursos y herramientas para tales tareas, reconozca el riesgo que día a día también vivimos quienes, sin llevar uniforme, intervenimos al interior de los módulos en recintos carcelarios, o acudimos cotidianamente a cientos de visitas domiciliarias en sectores de alta vulnerabilidad social; que nos provea de una carrera funcionaria que no tenemos, a diferencia de nuestros colegas uniformados, y, a fin de cuentas, que no exponga permanentemente al Servicio al escarnio público y a experimentos legales exprés, cada vez que ocurren hechos de connotación, amplificados hasta el cansancio por los medios de comunicación.
Entendemos la alarma pública que provocan situaciones como las ocurridas recientemente, pero a la vez hacemos un llamado de atención con relación a las condiciones en las que debemos desarrollar este trabajo, considerado “penoso” por las Naciones Unidas.
No exigimos nada que no signifique el proveernos de mejores herramientas para desarrollar las tareas de la reinserción social. Estamos firmemente convencidos de la honestidad y abnegación de la inmensa mayoría de nuestros colegas, quienes realizan sus mejores esfuerzos en condiciones tremendamente adversas, en cada uno de los recintos penales del país.
